En las dos últimas décadas, se produjeron importantes cambios normativos en relación con la educación y su financiamiento. A partir de la Ley Federal de Educación Nº 24.195 y de las leyes de transferencia, el sistema educativo queda integrado por los servicios educativos de las jurisdicciones Nacional, Provincial y Municipal, de los cuales el aporte financiero del sistema universitario estatal es responsabilidad de Nación y del sistema de educación inicial, básica y secundaria las provincias.
El enfoque otorgado por las leyes (Ley Federal de Educación, de Financiamiento Educativo y Nacional de Educación) fue en línea con el incremento los recursos, estipulando una base del 6% del PBI destinado a educación. A pesar de esta normativa y los esfuerzos que se han llevado adelante, el financiamiento del sector no asegura el derecho a la educación para todos. Los criterios de distribución de los recursos ponen de manifiesto el rol del Estado como garante de estos derechos.
Para la comprensión de este problema, cobra particular interés estudiar el Presupuesto Educativo Nacional y los procesos de programación, ejecución y rendición de cuentas a nivel presupuestario (en el marco de la normativa vigente para la administración financiera de los recursos públicos) a nivel nacional y jurisdiccional, como los mecanismos de regulación y articulación nación-provincia a través del financiamiento, dado que constituyen instrumentos esenciales para analizar la dinámica del sistema educativo para garantizar el derecho a la educación.
Esta investigación se propone analizar las tendencias en los últimos diez años del financiamiento educativo estatal, su estructura a partir de la evolución de los programas presupuestarios en relación con las prioridades de política educativa desde la perspectiva del derecho a la educación, y los mecanismos que regulan y estructuran las dinámicas de los distintos actores en el sistema.