Políticas de formación docente continua en Argentina. El proceso de su institucionalización en las jurisdicciones (2007 - 2023) y el desarrollo profesional de los docentes.

Numerosos estudios aseguran que la formación docente es uno de los factores más influyentes de la calidad educativa. A pesar de la relevancia que se le otorga, la investigación en el campo de las políticas de formación permanente en América Latina y en Argentina, todavía es reciente. A diferencia de la formación docente inicial, las políticas de formación docente continua en la región y en el país, comienzan a institucionalizarse en las últimas dos décadas. Al respecto, se observan diversas formas y estrategias mediante las cuales estas empezaron a consolidarse en cada jurisdicción. Por ello este proyecto se propone analizar en tres jurisdicciones del país: las normas y estructuras que gobiernan y brindan apoyo a la formación docente continua durante el periodo 2007-2023, los lineamientos de desarrollo profesional docente; los actores, intereses y recursos que se movilizan; las instituciones oferentes; las propuestas y tipos de actividades formativas que se implementan, en el contexto de las políticas y regulaciones nacionales. La investigación se orienta a establecer los elementos, puntos críticos de las políticas y las concepciones del desarrollo profesional docente en disputa, que configuran el devenir de este proceso. El estudio se llevará adelante mediante un abordaje metodológico mixto, con métodos cuantitativos y cualitativos. Se harán entrevistas a funcionarios, equipos de las Direcciones de Educación Superior y áreas de formación permanente; oferentes, responsables de programas de formación docente de sindicatos, de las Instituciones de Educación Superior, Universidades, cuestionarios a docentes de la educación secundaria y; un relevamiento de los documentos y normas que regulan la formación continua en las provincias del estudio. Además, se sistematizarán los datos estadísticos de la oferta y oferentes de las jurisdicciones, para analizar qué áreas priorizan los programas formativos y la cantidad de docentes que certifican las diferentes actividades, en los últimos tres años en las jurisdicciones estudiadas.